Jurídico

La memoria del impacto que tendrá la ley para la reforma de la Administración Local, que acompaña en el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso para su tramitación a partir de septiembre,señala que se ahorrarán 5.127 millones a partir del 2015. El Ejecutivo espera que la norma se apruebe este mismo año y entre en vigor en 2014.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la aplicación de esta profunda reforma del sector local española ahorrará 8.016 millones de euros de 2014 a 2019, periodo de implantación de las novedades previstas. El Ejecutivo insiste en que es un cálculo prudente, que aún podría verse incrementado, y que de hecho, en el año 2012 los municipios españoles ya ahorraron un 9,4 por ciento (4.319 millones) con respecto a 2011, según datos de todas las CCAA salvo Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla.

Esto ha sido consecuencia, según Hacienda, de lo que llama "efecto anticipación" de la propuesta de reforma local en la que se empezó a trabajar en 2012. Y detalla que los gastos de personal se redujeron por ejemplo ya un 12,8%.

Casi la mitad se trata de gastos impropios.

De los más de 8.000 millones que prevé de ahorro el Gobierno, casi la mitad se lograrán eliminando el gasto impropio, el que realizan los ayuntamientos en aquellas competencias que no son suyas pero que se han visto obligados a ejercer.

La previsión es que los ayuntamientos resuelvan este asunto en los tres primeros años de aplicación de la ley, de 2014 a 2016, con un ahorro total de 3.735 millones de euros. Además, la devolución a las Comunidades Autónomas de las competencias en educación, servicios sociales y sanidad permitirá a los municipios ahorrar 837 millones; la aplicación de esta novedad se prevé a más largo plazo, de 2015 a 2019.

Otra de las grandes novedades de la ley es que las diputaciones asumirán los servicios básicos de los municipios que no las presten con una determinada eficacia y que se incentiva además la fusión de ayuntamientos para lograr la finalidad del ahorro. Con este apartado se prevén ahorros de 1.962 hasta 2019 millones, la mayor parte, en 2015.

La necesaria limitación del gasto del sector público local.

La reducción del sector público local también permitirá reducir el gasto en 1.400 millones de euros, aunque este ahorro se llevará a cabo con más rapidez al estar previsto que el nuevo redimensionamiento se produzca entre 2014 y 2015. Por último, otros 70 millones se ahorrarán reduciendo sueldos y eliminando asesores y 13,9 millones más, eliminando entidades locales menores .

Los objetivos de esta Ley, según Soraya Sáenz de Santamaría, son clarificar competencias municipales para evitar duplicidades, fijar qué competencias presta cada administración, cómo las presta y con qué dinero.

Se persigue racionalizar la estructura de la administración local buscando el equilibrio financiero, la eficiencia en el ejercicio de sus actividades y una mayor profesionalización en toda la función local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel administrativo. Sáenz de Santamaría ha apuntado que la norma también establece un sistema de evaluación y seguimiento para garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que “estamos ante una reforma racionalizadora y ahorradora del gasto público que va a ayudar a que España vuelva a crecer sobre la base de la estabilidad del conjunto de sus administraciones públicas dando garantía a todos los ciudadanos del uso óptimo de los recursos que están pagando a través de sus impuestos", ha dicho.

Una administración, una competencia

Cristóbal Montoro ha afirmado que la norma supone un gran avance para que "cada administración se ocupe exclusivamente de una competencia". La no reiteración de cometidos supondrá un ahorro y una mejora de la eficiencia del servicio público.

El Anteproyecto fija un coste estándar para cada servicio público. En el caso de los municipios menores de 20.000 habitantes que no lleguen a la cobertura exigida, la gestión estos servicios se trasladará a las diputaciones provinciales. "La diputación será un gran gestor de servicios públicos para los municipios de menor tamaño, que son la mayoría", ha aclarado Montoro.

El ministro ha explicado que será una prohibición crear nuevas empresas públicas, las existentes tendrán que sanearse o disolverse y se suprimirán las que dependen de otras entidades. Además, ha señalado que se fortalecerá el papel de los interventores locales para dotarles de mayor imparcialidad y garantizar el control financiero y presupuestario más riguroso.

Las mancomunidades y entidades locales menores deberán presentar sus cuentas en tres meses, si no desaparecerán. "No podemos admitir que se estén gestionando recursos públicos sin rendir cuentas", ha subrayado Montoro.

Se legisla que el 82% de los concejales no cobrará.

La norma establece que se limitará el número de concejales con dedicación exclusiva. De los 68.285 existentes en España, tendrán dedicación exclusiva 12.188, lo que significa que el 82% de los concejales desarrollarán su actividad política sin cobrar.

Además, en función de la población de los municipios, se reducirá el número de asesores y los Presupuestos Generales del Estado fijarán los límites máximos de las retribuciones de los cargos electos, los empleados públicos y los directivos del sector público local.

Montoro ha explicado que los alcaldes no podrán cobrar más que un secretario de Estado y su salario dependerá del número de habitantes de su población. Los alcaldes de las localidades de menos de 1.000 habitantes no tendrán retribución.

Respecto a los salarios de los empleados públicos se establecerán baremos para que no haya tantas diferencias entre los funcionarios de las distintas administraciones.

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2013/Documents/ALRASOAL.pdf