Vox Populi

En este sentido, el ministro ha señalado la necesidad de seguir reforzando la cooperación judicial en la UE en materias como la lucha contra la criminalidad y ha celebrado la propuesta de Reglamento para el establecimiento de un sistema centralizado de antecedentes penales que incluya también información sobre condenas a nacionales de terceros países y apátridas. Igualmente, se ha debatido sobre el futuro de la e-Justice o Justicia electrónica en el seno de la UE y sobre dos importantes propuestas normativas en materia de derecho civil y de derecho mercantil.

 

La primera de ellas, la revisión del denominado Reglamento Bruselas II bis se refiere a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental y en el ámbito de la sustracción internacional de menores. La segunda es la propuesta de Directiva sobre marcos de reestructuración, segunda oportunidad y medidas para mejorar la eficiencia de la reestructuración, la insolvencia y los procedimientos de exoneración.

 

Asimismo, se ha debatido sobre la sensible cuestión de la retención de datos como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 21 de diciembre de 2016 (el denominado caso Tele2), tratando de identificar cuál es el equilibrio adecuado entre la conservación generalizada e indiscriminada de datos en el tráfico electrónico, a lo que la sentencia se opone, con la necesaria conservación de aquellos que resulten necesarios para las finalidades de prevención y enjuiciamiento de los delitos.

 

Por último, se ha adoptado por los ministros de Justicia una propuesta de Reglamento sobre reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo y decomiso. Así, se perfecciona una herramienta ya existente que resulta muy eficaz en la lucha contra el crimen, en especial el crimen organizado, pues permite desposeer a los delincuentes de los frutos de su delito, estén donde estén y con todas las garantías procesales. España, tras la creación hace dos años de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) cuenta ya con un marco legislativo avanzado que permite evitar que los criminales que se han enriquecido ilícitamente puedan, una vez cumplida su condena penal, conservar esos bienes.

 

Cooperación judicial y reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales

Pero el Reglamento que hoy han aprobado los ministros de Justicia de la UE se inscribe también dentro del conjunto de normas que refuerzan el espacio jurídico único de libertad, justicia y seguridad que la Unión quiere ser, eliminando espacios de impunidad y facilitando la ejecución de las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales de un Estado miembro en el territorio de los restantes Estados. 

 

En este contexto, Catalá ha destacado ante sus colegas que España apoya decididamente esta nueva norma, pues profundiza en algo que para nuestro país resulta esencial, como es la cooperación judicial y el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. En materia de cooperación judicial europea, España siempre ha manifestado confianza respecto de los sistemas legales y judiciales de nuestros socios. Como muestra, en los últimos tres años nuestro país ha incoado un total de 212 Órdenes Europeas de Detención y Entrega procedentes de autoridades belgas, de las que únicamente se ha denegado una y se han suspendido dos entregas por razones humanitarias. Esto es así, ha dicho el ministro, porque pertenecemos a una Unión que defiende con celo el marco jurídico-político que le es propio, el Estado de derecho. Los países que no acatan ese marco no pueden ingresar en la misma y los que una vez dentro no lo respetan, se exponen a los mecanismos correctores o sancionadores previstos.

 

España, ha añadido, cree en un europeísmo genuinamente integrador, en un sistema de confianza y reconocimiento mutuo entre todos los socios y en el que la ausencia de fronteras no puede convertirse en un mecanismo para facilitar que se eluda la acción de la Justicia. No entenderlo así, ha concluido Catalá, nos aleja de los fundamentos de la Unión en la que creemos y en la que los unos confiamos en la protección que los otros otorgan a los derechos fundamentales y al conjunto del sistema jurídico que compartimos.