Jurídico

Las dos son mujeres, magistradas, y guerrean en Galicia contra la corrupción en la adjudicación de contratos públicos desde la administración local, en una suerte de tempestad judicial pareja a la propia del mal tiempo.

La jueza Pilar de Lara instruye la operación Pokemon, una causa con ramificaciones en Galicia, Asturias y Cataluña, y su compañera Carmen García Campos, el caso Patos, que ya ha supuesto la salida de un concejal del PP de Nigrán (Pontevedra), José Álvarez Valverde, responsable de Vías y Obras.

La titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, abrió las diligencias de lo que más tarde se conoció como Operación Pokemon en el año 2011, pero no fue hasta después del verano de 2012 cuando las investigaciones que estuvo dirigiendo trascendieron públicamente, a raíz de las primeras detenciones.

Entre los primeros arrestados figuraban el responsable nacional del grupo Vendex, Gervasio Rodríguez, y el delegado de la empresa en Galicia, José María Tutor, pero también varios políticos, como el que fuera concejal de Economía y Urbanismo de Lugo y presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), Francisco Fernández Liñares.

También fueron detenidos entonces los exalcaldes de Ourense y Boqueixón, Francisco Rodríguez y Adolfo Gacio, que presentaron la dimisión a raíz de verse señalados en este caso.

Atrás quedaban meses y meses de instrucción, con escuchas telefónicas y seguimientos a los implicados por parte de los agentes de Vigilancia Aduanera, diligencias autorizadas por la jueza Pilar de Lara para destapar una supuesta trama de corrupción en varias administraciones gallegas montada con el fin de conseguir contratos y concesiones.

Durante las declaraciones de los primeros detenidos, la jueza dio muestras claras de una de las características que más destacan de ella diversas fuentes jurídicas consultadas: su enorme capacidad de trabajo, que lleva a que nunca desfallezca ni dé muestras de agotamiento.

La instructora de la Operación Pokemon tomó declaración en apenas tres días a los principales imputados, cuyos testimonios consideraba prioritarios para destapar la presunta trama que está investigando.

En los Juzgados de Lugo, se vivieron jornadas maratonianas, con declaraciones e interrogatorios minuciosos que en ocasiones terminaron de madrugada.

De la documentación que figura en la causa se desprenden otras peculiaridades de la forma de trabajar de la instructora, como son su meticulosidad a la hora de practicar los interrogatorios a los sospechosos y su amplio conocimiento de cada una de las ramas de un sumario que cuestiona la forma en la que se adjudicaron diversos contratos en distintos municipios gallegos y en la propia CHMS.

Actualmente, en una lista con un centenar de imputados, figuran los alcaldes de Lugo, José López Orozco; de Santiago de Compostela, Ángel Fernández Currás; o de O Carballiño, Argimiro Marnotes; así como varios concejales del equipo de gobierno y de la oposición de la capital gallega.

También figuran entre los imputados el exalcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, o el teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores, sin olvidar que la supuesta trama de corrupción investigada se extiende a Asturias y a Cataluña.

El sumario de la Operación Pokemon consta de unos 120 tomos y sobre la causa ya no pesa la orden del secreto cuya prórroga, durante más de un año, tanto criticaron algunos de los abogados defensores de los imputados.

De momento, las partes han recibido copia de los 56 primeros tomos, que recogen en algo más de 33.000 folios todas las pruebas recogidas por la instructora y los agentes de Vigilancia Aduanera que se han hecho cargo del caso, así como las grabaciones de 101 declaraciones realizadas por los imputados en la causa.

La responsable de juzgado de instrucción número siete de Vigo, Carmen García Campos, es, para quienes la conocen, tan cordial y afable como "hermética" con las investigaciones que de ella dependen.

La Operación Patos es muy reciente, no como la Pokemon, y está vigente la reserva sobre las actuaciones.

José Álvarez Valverde, el edil que entregó su acta, fue detenido en esta causa que indaga presuntas irregularidades en la contratación de servicios y obras en administraciones públicas gallegas, junto a trabajadores y administradores de las empresas Cespa y Construcciones Eiriña.

En total, cinco arrestos, y todos en libertad con cargos.

La Policía Nacional no descarta que haya más detenciones en fechas próximas, en función de la información recabada en los registros practicados en los Ayuntamientos de Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, Ourense, Ponteareas y Nigrán.

La jueza, a la que le gustaría ser recordada como "accesible" y una persona que pone los medios para desarrollar el trabajo de la mejor forma, consagra sus días de forma concienzuda a este caso, en el más absoluto silencio.