Economía

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que permitirá que la actividad comercial y de servicios se desarrolle en igualdad de condiciones en toda España. El texto fue presentado el pasado 25 de enero.
 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que es una de las leyes económicas de mayor calado en apoyo de la empresas, en especial de las pymes, y que favorecerá la creación de empleo.
 

La ley se basa en un sistema de licencia única, de manera que un operador que tenga autorización para funcionar en una comunidad autónoma pueda trabajar en otra. "Nos basamos en un principio de confianza mutua", ha dicho.
 

Sáenz de Santamaría ha afirmado que la norma refuerza los principios de cooperación y colaboración entre todas las administraciones públicas. Prevé mecanismos que permitirán a las distintas administraciones sentarse en la misma mesa y coordinarse para aplicar normas que favorezcan la creación de empresas, la libre actividad empresarial y acometer medidas para que los operadores económicos funcionen con menos costes y mayor agilidad.
 

Impacto económico: aumento del 1,5 del PIB

Tanto la vicepresidenta del Gobierno como el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, han informado de que la norma ha sido demandada por los operadores nacionales y extranjeros y cuenta con el respaldo por diferentes entidades y organismos, así como del Consejo de Estado.
 

Ambos han avanzado que el Gobierno estima que la aprobación de esta ley supondrá un aumento total del PIB del 1,5% en diez años, es decir unos 15.000 millones de euros en ese periodo, en torno a 1.500 anuales.
 

Luis de Guindos ha explicado que la norma es fundamental porque en España existe una fragmentación de mercados por la regulación de las comunidades autónomas que afecta, en ocasiones, desfavorablemente a los operadores con menor capacidad económica, como las pymes, y tiene un impacto negativo en el crecimiento potencial de la economía española. En su opinión, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado "es un paso importantísimo" para simplificar la actividad empresarial en nuestro país y favorecerá el bienestar y la creación de empleo.
 

El ministro ha indicado que es el proyecto de ley que mayor realce da a la capacidad de las autonomías para regular, porque si un operador está autorizado en una comunidad autónoma, inmediatamente podrá extender su actividad económica al conjunto del territorio nacional. "Es el principio del pasaporte único, el principio de si tu actúas y estás regulado en una parte del territorio nacional ya puedes actuar sobre la totalidad del mismo independientemente de la comunidad autónoma en la cual te has domiciliado", ha dicho.
 

De Guindos ha resaltado que la futura ley persigue que las intervenciones de las Administraciones tienen que ser proporcionales, transparentes y coherentes para favorecer la actividad económica. La norma también establece que las autorizaciones no se pueden utilizar de forma discrecional, regula la colaboración entre las comunidades autónomas y considera imprescindible un intercambio de información electrónica.
 

Además, se crea un Consejo de Unidad de Mercado que supervisará la implantación y aplicación de la ley, y se establece un sistema de resolución de los potenciales conflictos que puedan producirse.
 

Primer paso para la reforma tributaria

El Consejo de Ministros ha aprobado lacreación de una comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español. La vicepresidenta ha indicado que se trata de una reforma integral que revisará todo el sistema y propondrá soluciones para logar una serie de objetivos.
 

Tendrá como finalidad lograr un sistema tributario mucho más sencillo que el actual, que garantice la suficiencia de ingresos con respeto a los principios constitucionales de capacidad económica, generalidad, igualdad y progresividad que ha de regir en el sistema impositivo y además pretende ratificar el compromiso de consolidación fiscal que el Gobierno ha asumido.
 

El objetivo más importante de la reforma, a juicio de la vicepresidenta, es construir un sistema tributario que favorezca el desarrollo económico. Su revisión tiene que priorizar los estímulos al crecimiento, a la creación  empleo y a la internacionalización de las empresas. Además, debe garantizar la unidad de mercado y la neutralidad fiscal.
 

Soraya Sáenz de Santamaría también ha indicado que es necesario trabajar por un sistema tributario que favorezca el desarrollo social y a los colectivos más necesitados de protección como las familias, las mujeres y las personas discapacitadas.
 

Los expertos designados hoy -profesionales económicos y tributarios de reconocido prestigio- tendrán que presentar un informe con sus conclusiones y propuestas no más tarde de febrero de 2014. El Ejecutivo elaborará entonces y aprobará una reforma tributaria integral y completa.
 

La vicepresidenta ha reiterado que hoy se pone en marcha una de las reformas estructurales que busca completar la consolidación fiscal y utilizar nuestro sistema tributario como un elemento de impulso al crecimiento y a la creación de empleo. La norma garantiza la equidad social, atendiendo a una mayor simplificación de los tributos y favorece una recaudación mucho más justa y equitativa.
 

Racionalización de los servicios ferroviarios

El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de racionalización de servicios Avant, que son los que atienden la media distancia utilizando vías de alta velocidad, y de servicios de ancho métrico, los conocidos como ferrocarril de vía estrecha, que prestaba anteriormente la empresa pública FEVE.
 

El plan, según ha explicado la ministra de Fomento, Ana Pastor, define cuáles son las obligaciones de servicio público que financia el Estado para todos los ciudadanos españoles. "Para dar cumplimiento a este mandato el ministerio garantiza la movilidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y siempre se tiene en cuenta que cualquier ciudadano de nuestro país tenga una alternativa, ferroviaria o de línea de autobuses para que pueda moverse dentro de su territorio", o vía aérea en el caso de las islas, ha explicado la ministra.

Respecto de los servicios Avant, Pastor ha señalado que se prestan con trenes específicos y a precios que deben ser aprobados por el Gobierno, el cual subvenciona la diferencia entre los ingresos por billete y el coste total. Sus trenes tienen una importante demanda, en 2012 los utilizaron 6 millones de viajeros, y son rentables, "sobre todo desde el punto de vista social", por lo que se mantienen todos los servicios que presta actualmente, con sólo dos modificaciones.
 

En cuanto a los trayectos de trenes de ancho métrico, se mantienen en su totalidad, con algunos ajustes en las frecuencias en función de la demanda. Son servicios, según ha afirmado la titular de Fomento, de gran relevancia para la vertebración territorial y cuentan con un elevado número de viajeros al año (9,5 millones en 2012). Además, en la mayoría de los recorridos es difícil garantizar una oferta alternativa por carretera, debido a la complicada orografía del terreno y a las dificultades climatológicas.
 

Pastor ha subrayado que las medidas acordadas por el Gobierno, en los servicios AVANT y en los conocidos como de vía estrecha, suponen una optimización de 10 millones de euros y deberán adoptarse antes del 31 de julio.
 

Otros acuerdos

• El Gobierno ha acordado solicitar al presidente del Gobierno que interponga unrecurso de inconstitucionalidad contra un apartado de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.

• El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se decide que el buque "Fortuna" quede desafectado del Patrimonio Nacional.
   

Cuestiones de actualidad

Sáenz de Santamaría se ha remitido a las explicaciones ofrecidas por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación al ser preguntada por los problemas surgidos a propósito del vuelo de Evo Morales y ha subrayado que el propio Gobierno de Bolivia ha mostrado su agradecimiento a nuestro país por permitir la escala en Canarias del avión de su presidente.

Respecto de la petición de reintegro de las ayudas al sector naval, la vicepresidenta ha anunciado que el jueves 11 de julio se celebrará en Bruselas una reunión entre los representantes del Gobierno español y de las comunidades autónomas más afectadas con el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, para tratar el tema.
 

Sobre el cierre de la central nuclear de Garoña, ha informado de que ya se ha firmado el cese de funcionamiento por "motivos económicos" y ha añadido que, como no obedece a "cuestiones de seguridad, está en estudio la posibilidad de que reanude su actividad en el futuro".
 

El ministro de Economía y Competitividad ha señalado que aún antes de la entrada en vigor de la reforma tributaria prevista para 2014, ya ha habido "alivios" fiscales como las ayudas de 2.000 millones de euros a emprendedores y que "antes de 2015 se revertirá el incremento del IRPF introducido en 2011".
 

Por su parte, la ministra de Fomento ha manifestado, ante la posibilidad de una huelga de Iberia durante el verano, que su "obligación es llevar a las partes al entendimiento y a que haya acuerdos". Ha recordado que el turismo representa el 10% del PIB nacional y que más del 80% de los viajeros llegan a nuestro país por vía aérea.